Camila Jorge responde al ataque ofícialista

Hace tiempo vengo atravesando una situación que no solo me afecta como concejal, sino también como mujer, profesional y vecina de Rosario de Lerma. Se ha instalado públicamente una supuesta incompatibilidad entre mi profesión de abogada y mi función como concejal, una acusación que no surge de una preocupación genuina por las instituciones, sino de una clara intención política de desacreditar, hostigar y ensuciar.

Primero quiero ser muy clara: la normativa que algunos intentan utilizar para instalar dudas, la Ley Provincial 7204, no establece incompatibilidad con el ejercicio del derecho privado, particularmente en materias como el derecho de familia, ámbito en el que he desarrollado parte de mi profesión con responsabilidad y compromiso. No existe una prohibición genérica como se pretende hacer creer públicamente.

Pero más allá de cualquier interpretación malintencionada, hay algo todavía más grave y preocupante: esta situación no solo me perjudicó a mí. En el afán de generar daño político, terminaron exponiéndose cuestiones sensibles, convenios de carácter confidencial y situaciones privadas que involucran a terceros ajenos a cualquier disputa política.

La confidencialidad no es un detalle: es una obligación ética, profesional y moral. Y cuando ciertos sectores deciden convertir eso en un espectáculo político, el daño deja de ser individual y se vuelve colectivo.

Lamentablemente, esto se enmarca en algo que muchos vecinos ya perciben: un clima de hostigamiento permanente hacia quienes pensamos distinto al oficialismo o nos animamos a controlar, preguntar y marcar errores. Cuando no pueden responder con argumentos, buscan instalar sospechas, desacreditar trayectorias o golpear desde lo personal.

Y entonces la pregunta que me hago, y que muchos vecinos también se hacen, es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el poder de turno para evitar dar respuestas?

Porque cuando se cruzan límites, cuando se expone la vida privada, se afecta a terceros y se intenta desacreditar a quien controla, la discusión deja de ser política y pasa a ser una cuestión de valores.

Yo no voy a naturalizar que hacer preguntas, pedir informes o ejercer mi profesión tenga como respuesta ataques personales. La política tiene que servir para resolver problemas de los vecinos, no para invadir la vida privada de quienes piensan distinto.